Esto significa que la situación del condenado recurrente, fijada en la sentencia recurrida, no puede verse agravada por la resolución del tribunal de apelación, casación, nulidad o del recurso que haya previsto el legislador ante un tribunal superior (art. 13.5. La relación entre el ejercicio de los derechos fundamentales de los jueces y la salvaguarda de valores constitucionales y legales de la independencia e imparcialidad judiciales no es de fácil composición. Rentería (2002), p. 154. La duda se da por tanto respecto al régimen adecuado de responsabilidad política y disciplinaria; sobre si corresponde tenerlos y en caso afirmativo, bajo qué modalidades. WebDe acuerdo con estas ideas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), dedica el artículo 27 LRJSP al "principio de tipicidad", entendido en el sentido de predeterminación normativa de las conductas constitutivas de infracciones administrativas -apartado 1- y de las sanciones aplicables … En primer lugar, el artículo 19 Nº 3 inciso 6° CPR que establece: “Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso legalmente tramitado. Web“la falta de atenciÓn al principio de tipicidad en el procedimiento administrativo sancionador vulnera la facultad disciplinaria sancionadora de las instituciones pÚblicas” para optar: el grado acadÉmico de maestra en derecho del trabajo presentada por: andrea natalie tejada mendoza asesor: dr. omar toledo toribio lima, perÚ 2019 Pero debería existir una regulación temporalmente distinta al camino que se ha trazado en países como Chile y en la tradición continental. En el derecho chileno tenemos que preguntarnos si el sistema de responsabilidad disciplinaria de los jueces se ajusta a las garantías sustanciales y luego a las de un debido proceso que garantizan la Constitución y los tratados internacionales. Se habla en muchos casos de un procedimiento disciplinario jurisdiccionalizado18. Esta correlación tiene dos dimensiones básicas: subjetiva y objetiva. Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador debe acudirse al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la … Medellín. 79 CPR y 324 y siguientes Código Orgánico de Tribunales -en adelante COT-), para reconocer también una responsabilidad civil individual propia del juez profesional del medioevo10 (arts. La garantía material, en palabras de STC 242/2005, de 10 de octubre [j 16] y STC 162/2008, de 15 de diciembre [j 17]: La segunda de carácter formal, hace referencia al rango de las normas tipificadoras de las infracciones y reguladora de las sanciones, por cuanto que el término "legislación vigente" contenido en el art. [ Links ], Giuliani, Alessandro y Picardi, Nicola (1995): La responsabilità del giudice (Milán,Giuffrè). Esta es quizás la aclaración más importante que debe realizarse, pues de lo que se determine se siguen importantes consecuencias. Finalmente, deberá tenerse presente que por exigencias de independencia interna de los jueces, lo que es tributario de una concepción difusa del poder judicial, la forma cómo los jueces interpretan y aplican la ley a un caso concreto no debe ser objeto de sanción disciplinaria. De este modo, un juicio penal escrito -donde la publicidad se ve dificultada- es contrario a las exigencias constitucionales y a los tratados de derechos fundamentales vigentes en Chile. 11 de Abril de 2018, Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons. En materia judicial tenemos un poder difuso y exigencias de independencia interna. 146 A todos los que la presente vieren, sabed: Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley de Defensa y … En efecto, en el medioevo y bajo el Estado Absoluto, la legitimidad del poder no está en la ley. Se habla de una consideración del fuero interior de los jueces, que debe considerarse imparcial mientras no se demuestre lo contrario. En este último caso estamos frente a una hipótesis en que tal error debe o puede dar lugar a una responsabilidad penal por parte del o los jueces. Artículo 127. WebArtículo 5º.Derechos de las personas ante las autoridades. Elementos para entender los alcances del principio de tipicidad en las infracciones cometidas por servidores públicos: ... Diplomado en Derecho Administrativo Sancionador por la Universidad de . El artículo 538 COT autoriza a las Cortes a ejercer de oficio este poder. el ensayo de Weezel, Alex Van, La Garantía Ella presenta tanto problemas de falta de tipicidad como de contenido moralizante incompatible con una organización jurídica que se basa, entre otros principios, en un pluralismo ético o ideológico23. Por su parte, el artículo 8.2. g) CADH reconoce el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable47. [ Links ], Bordalí, Andrés (2010): La independencia judicial en el derecho chileno (Santiago de Chile, LegalPublishing). 2. Todo este entramado de difícil articulación y definición hace muy complejo determinar por otro tribunal que hubo un error judicial que amerite una sanción. Ese legislador deberá operar con criterios restrictivos e inspirado en el principio pro libertate. Y la responsabilidad disciplinaria de los jueces habrá de entenderse referida a sancionar aquellas actuaciones ilícitas del juez cuando ejerce jurisdicción. La propuesta que se realiza acá es que la causal del Recurso de Queja, esto es faltas o abusos graves contenidos en resoluciones judiciales y referidas al mérito de lo decidido, se traslade y se subsuma en las hipótesis de delitos funcionarios, como los de cohecho, prevaricación y otros. 1.489 y 1.503; Rentería (2002), p. 183. A su vez, el Código Orgánico de Tribunales no se ajusta a los requerimientos constitucionales y a los contenidos en tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en el país. En relación a la responsabilidad disciplinaria, las fórmulas avanzadas han sido de varios signos. 3. WebDE LA MOTIVACIÓN, PRINCIPIO DE TIPICIDAD.- En lo referente a la motivación, el recurrente menciona: ¼ de esta forma se determina por el propio Reglamento del Sistema de Rehabilitación Social los tabacos/cigarrillos son considerados BIENES NO AUTORIZADOS, por la propia Comisión Administrativa Además, el órgano acusador podrá iniciar de oficio la investigación. Una Corte de Apelaciones ha conocido de varias apelaciones respecto de sentencias de un determinado juez de letras. En materias penales debe existir una contienda entre dos posiciones contrapuestas, esto es acusador y acusado, que tiene que resolver un juez como tercero imparcial. Esto es así, entre otras razones, porque no es posible entender que exista un sistema deductivo de valoración de la prueba, es decir, un sistema que proporcione una certeza absoluta si se ha partido de una premisa correcta. Se diferencia entonces de la responsabilidad penal, pues ésta tiene por definición una proyección social y general, externa al órgano público. Para los ministros de la Corte Suprema el tribunal disciplinario es ese mismo tribunal. El procedimiento será por regla general público, oral o escrito. Violación al Principio de Tipicidad Objetiva por indebida calificación e imputación jurídica. 595 y ss. Ese tipo de ilícito debe quedar entregado al Derecho Penal para aquellos casos en que los jueces dan una interpretación o aplicación de la ley errónea o arbitraria, con dolo o culpa (hipótesis de prevaricación). Si la ley estableciera con precisión las conductas sancionadas, el sujeto sería responsable en términos de lo que el poder legislativo haya dispuesto; se estaría en este caso frente a un instrumento sancionatorio por actos ilícitos, lo cual parece no presentar mayores problemas. Picardi (1979), pp. 204 y ss. Además, se verá que algunas conductas prohibidas a los jueces comportan una afectación indebida al ejercicio de sus derechos fundamentales. Cómo se decía, preceptos como el 544 COT no solo presentan un problema de falta de tipicidad de las conductas prohibidas, sino que también tienen un contenido moral incompatible con un Estado de Derecho basado en el pluralismo ideológico y en la vigencia de los derechos fundamentales de todas las personas y funcionarios públicos, incluidos los jueces. Por ello, los jueces no pueden quedar en la misma situación que los funcionarios de la Administración del Estado que sí pueden ser investigados y sancionados por sus superiores jerárquicos. Cuando nos referimos a la violación de derechos fundamentales en el derecho chileno, en este caso respecto a las personas que ejercen la función jurisdiccional, estoy considerando aquellos derechos reconocidos en la Constitución Política de la República como aquellos contenidos en tratados internacionales sobre derechos fundamentales ratificados por el Estado chileno y que se encuentren vigentes (art. WebEstudios de Derecho -Estud. En efecto, el artículo 8.2. h) CADH reconoce a todas las personas el “derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. 82 CPR). Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información oportuna y orientación acerca de los … Silvestri (2004), p. 11. Ese tribunal debe ser imparcial por un lado y además superior del que dictó la sentencia en materia disciplinaria. Esta posición que se sustenta aquí implica derogar la institución del Recurso de Queja de los artículos 545 y siguientes COT. Esas mismas deben aplicarse al derecho disciplinario judicial. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y TIPICIDAD a) Garantía Material Prohibición de analogía b) Garantía … 248 del TUO de la LPAG, en los siguientes términos: Artículo 248.-. [ Links ], Bermúdez, Jorge (2013): “Fundamento y límites de la potestad sancionadora administrativa en materia ambiental”, en: Revista de Derecho (Valparaíso Esas conductas deben estar lo más detalladas posibles y no deben incluir el cómo los jueces interpretan y aplican la ley a un caso concreto. ©2023 vLex.com Todos los derechos reservados, VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Reserva de ley y tipicidad. Tipo de material: Libro Editor: Cizur Menor (Navarra) : Thomson Reuters Aranzadi, 2013 Edición: 3a ed. Desde el punto de vista objetivo, el hecho punible debe ser mantenido inmutablemente desde que ha sido calificado y la sentencia judicial solo puede referirse a él, sin que se puedan agregar después de la calificación otros hechos45. La potestad sancionadora de la Administración tiene su fundamento constitucional en los arts. 8.2. e) CADH asegura al acusado por delito el derecho de interrogar a los testigos y de obtener la comparecencia de otros testigos o peritos. [ Links ], Bordalí, Andrés (2013): “Los jueces al acecho”, en: Anuario de Derecho Público 38Martínez (2004), p. 341; Senese (2004), pp. Solo el legislador está facultado para regular estos procedimientos. WebSistema de consulta de Tesis, Precedentes (Sentencias) y otros documentos publicados semanalmente del Semanario Judicial de la Federación. El proceso disciplinario debe ajustase en muchos aspectos a las exigencias de un proceso penal. Debe entenderse que estos tribunales disciplinarios conocen por regla general en pleno. Recibido: 19 Nº 3 inc. 2º CPR) y el derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley (art. 3-14. En esa medida el principio de legalidad consagrado en la Constitución adquiere matices dependiendo del tipo de derecho sancionador de que se trate y aunque la tipicidad hace parte del derecho al debido proceso en toda actuación administrativa, no se puede demandar en este campo el mismo grado de rigurosidad que se exige en … ), (Vol, XIV), pp. La exigencia de ley para regular los procesos jurisdiccionales se extrae de varios preceptos constitucionales. ; Bermúdez (2013), p. 427; Vergara (2004), p. 139. Parte general, Teoría general y práctica del derecho penal administrativo / por Gómez Tomillo, Manuel; Sanz Rubiales, Íñigo. 49En igual sentido véase Vargas (2007), p. 119. WebEl principio de tipicidad en el derecho administrativo sancionador. 48Véase estas propuestas del grupo de estudio formado bajo el alero de la Universidad de Perugia en Italia en Picardi (1979), pp. 1.488 y ss. 2.3.1. [ Links ], Senese, Salvatore (2004): “La riforma dell´ordinamento giudiziario”, en: Del Canto, Francesco y Romboli, Roberto (coordinadores), Contributo al dibattito sull´ordinamento giudiziario (Turín, Giappichelli ), pp. 19 Nº 3 inciso 8° CPR). 10-12; Gajardo Harboe, María Cristina, “La obligación de seguridad”, Revista Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 2014, Vol. 553 y siguientes COT), que ya practicaban los jueces alemanes en el siglo XV12. WebDerecho penal y derecho sancionador. Lo esencial es conocer los hechos considerados punibles. Por ello no puede compartirse lo que ha sostenido parte de la doctrina nacional al respecto. El proceso disciplinario y el derecho de defensa. Se puede objetar este argumento señalando que el artículo 337 COT desarrolla las hipótesis de mal comportamiento, con lo cual el legislador ordinario habría salvado la falta de tipicidad de las conductas por las cuales la Corte Suprema puede remover a un juez de su cargo. Agrega el inciso 2° del mismo precepto que “la Corte Suprema puede, además, siempre que lo juzgare conveniente a la buena administración de justicia, corregir por sí las faltas o abusos que cualesquiera jueces o funcionarios del orden judicial cometieren en el desempeño de su ministerio, usando para ello de las facultades discrecionales que corresponden a las Cortes de Apelaciones con arreglo a los artículos 536 y 537”. [ Links ], Oberto, Giacomo (1999): “Les droits et les obligations des juges. LOS SUJETOS PROCESALES EN EL COIP Autor: Dr. José García Falconí El Art. El artículo 8.5 garantiza que el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. La acusación determina a quien con exclusividad se va a enjuiciar. En relación con una efectividad en la defensa del inculpado, el artículo 8.2 CADH asegura el derecho a ser presumido inocente. Tema(s): Sanciones … Actualizado cada día, vLex reúne contenido de más de 750 proveedores dando acceso a más de 2500 fuentes legales y de noticias de los proveedores líderes del sector. Web"Los principios generales del derecho forman parte del ordenamiento jurídico español, en general (Artículos cxf 1. y 1 CC) y muy especialmente del ordenamiento jurídico administrativo, al que frecuentemente se le ha calificado de «principal», por la importancia y trascendencia que en él tienen tales principios. Revista de administración pública, 2001, no 156, p. 244. Ello podrá producirse: 1) por diversidad de criterios entre los distintos tribunales en la apreciación de las pruebas y en la interpretación del derecho; 2) por error por parte del tribunal en el establecimiento de los hechos y en la interpretación del derecho y 3) por error grave o inexcusable (dolo o culpa) por parte de un tribunal en el establecimiento de los hechos y en la interpretación del derecho37. Pero bajo una mirada de independencia interna y para evitar lógicas corporativas, la aplicación de sanciones no puede quedar entregada a los superiores jerárquicos de los jueces. Me refiero a la institución del impeachment del derecho anglosajón. Abreu, Alirio (2007): “Independencia judicial (jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, en: Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano (Año 13), pp. Veamos cómo se relaciona el procedimiento disciplinario de los jueces chilenos con las exigencias de un derecho de defensa. Principio de tipicidad en el Derecho Administrativo Sancionador Según el artículo 25.1 de la Constitución, "nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento". Y los tribunales superiores podrán modificar o anular las sentencias de los tribunales inferiores. La ecuación perfecta en esta materia será lograr un juez lo más independiente posible, pero que a su vez responda por sus actos dolosos, negligentes o inadecuados. El derecho de defensa asegura a las partes la posibilidad de sostener argumentalmente sus respectivas pretensiones y rebatir los fundamentos que la parte contraria haya podido formular en apoyo de las suyas, pero sin que sea necesario que de facto tenga lugar una efectiva controversia argumental entre los litigantes que, por razones de diversa índole, puede no producirse. En general ha acogido esas apelaciones revocando los fallos de primera instancia del juez de letras, pues no comparte el criterio jurídico sustentado por éste. El principio acusatorio es un modelo de proceso judicial que permite asegurar de mejor modo los derechos procesales que forman parte de un proceso definido como debido proceso. 32 y ss. Teoria ed esperienze a confronto (Milán, Giuffrè ), pp. 8.2 b) CADH. Los jueces son titulares de derechos fundamentales como todas las personas que habitan el territorio nacional. 2.2. Este resabio monárquico que es el trámite de la consulta o apelación obligatoria o de oficio, como atribución de la Corte Suprema, no se ajusta a las exigencias de un debido proceso. Es el Congreso Nacional quien tiene atribuida la competencia en esta materia y no la Corte Suprema ni ningún otro órgano del Estado. Principio de legalidad Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, a la Ley y al derecho 2. A continuación pasaré a revisar algunos de los aspectos del debido proceso donde existen dudas sobre si el proceso disciplinario chileno se ajusta a él. Introducción. Leur responsabilité disciplinaire”, en: AA. LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 3. [ Links ], Picardi, Nicola (1979): “Problemi attuali della responsabilità del giudice”, en: Rivista Trimestrale di Diritto Processuale Civile. El derecho a un juicio público admite límites, los que debe establecer el legislador. Todo ello viene a significar que el derecho chileno, en vez de optar por un modelo anglosajón o continental de responsabilidad judicial, sumó ambos modelos, sometiendo al juez chileno seguramente al más exhaustivo sistema de responsabilidades de todo el derecho comparado. A esa responsabilidad disciplinaria la gran mayoría de los estados europeos agrega la responsabilidad penal y la civil del juez que pueda derivarse de un delito, así como en algunos casos, la del Estado por los daños que causa el juez funcionario. El legislador tiene plena facultad para configurar el ejercicio de este derecho, pero de un modo tal que permita su ejercicio real y efectivo. El legislador podrá limitar el ejercicio de esos derechos constitucionales para hacerlos compatibles con otros valores constitucionales, como lo son los de independencia e imparcialidad judiciales. [ Links ], Ferrajoli, Luigi (1997): Derecho y razón. En eso consiste la denuncia de una “función paralegislativa”. LA IDENTIDAD DE PRINCIPIOS PUNITIVOS EN EL DERECHO PENAL Y DERECHO SANCIONADOR ADMINISTRATIVO 4. Mi hipótesis de trabajo intentará demostrar que los jueces chilenos están regidos por un estatuto jurídico que no respeta las garantías aludidas. En otros casos, se propone mantener la responsabilidad disciplinaria pero bajo condición de reestructurarla profundamente7. En esta perspectiva importa mucho la apariencia de imparcialidad de los jueces. ¿Cómo debemos entender un vicio que le hiciere desmerecer en el concepto público? El segundo, en cambio, enunciado en … Por ello, tampoco se puede distinguir, como lo hacía el proceso penal inquisitivo chileno anterior a la reforma del año 2000, entre una etapa sumarial secreta y luego un plenario o proceso penal inspirado en una idea de publicidad para alguna de sus actuaciones. Ese ejercicio de distintos roles respecto de los jueces objeto de control disciplinario, puede comportar una especie de incompatibilidad que afecta a la debida imparcialidad del tribunal disciplinario. 9, N°2, p. 20: “Son inherentes al poder de dirección la potestad disciplinaria, que surge ante el incumplimiento por parte del trabajador de las órdenes e instrucciones que el empleador … Por otra parte, la imparcialidad considerada objetivamente toma en consideración la relevancia de aquellas condiciones exteriores que pueden comprometer o perjudicar la administración imparcial de la justicia. WebCon independencia de la Ley de 19 de octubre de 1889, que en su intento de uniformar el procedimiento constituyó un paso significativo en la evolución del Derecho público español -aunque se plasmara en un amasijo de Reglamentos departamentales-, la primera y única regulación del régimen jurídico y del procedimiento administrativo de la Administración … Es este el modelo que termina por prevalecer en el derecho europeo continental, coherente con la formación del Estado absoluto y luego el Estado que surge después de la Revolución francesa con Napoleón en el poder. No obstante, el Tribunal Constitucional ha advertido lo siguiente: Por otra parte, también es procedente recordar la STC 144/2011, de 26 de septiembre [j 12], que recuerda que el derecho fundamental enunciado en el arts. 27-44. Hemos sostenido anteriormente que con la responsabilidad disciplinaria de los jueces estamos frente a un tipo de derecho sancionador y luego una actividad jurisdiccional, la jurisdicción disciplinaria o al menos una actividad particular jurisdiccionalizada. Esa función corresponde en muchos países a una sección del Consejo General del Poder Judicial o a especiales tribunales disciplinarios para tal efecto, como es el caso de Alemania. ¿Pueden ser considerados independientes e imparciales los tribunales disciplinarios de los jueces chilenos? Web2. En otras ocasiones se dice que en el marco de la separación de los poderes de un Estado democrático, la jurisdicción se la concibe como una potestad de control antes que un poder de dirección política. Por el contrario, las dos primeras situaciones (1 y 2) no deberían traer aparejada sanción o consecuencia negativa alguna para el juez o los jueces, pues de lo contrario desaparece radicalmente la independencia de los jueces. WebExplora la jurisprudencia de 1 lineas de precedentes obtenidos de sentencias constitucionales relacionadas con principio de tipicidad en acción de amparo constitucional ¡Ya contamos con una aplicación móvil ! 5º CPR). Descripción: 1070 p. ; 24 cm. 41La aplicación matizada al Derecho Administrativo sancionador de las garantías penales sustanciales ha sido asumida por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. 2.2.1. 24 de la Constitución Española en materia de procedimiento han de ser aplicables a la actividad sancionadora de la Administración , si bien no se trata de una aplicación literal. Será una decisión política de las fuerzas mayoritarias del Congreso Nacional determinar qué órgano puede realizar adecuadamente el control de la disciplina de los jueces. la sanción sea … A nivel americano, la Corte Interamericana de Derecho Humanos (en adelante CIDH) ha señalado que la falta de independencia judicial, que conlleva la falta de imparcialidad, constituye una violación del artículo 8º CADH, así como una evidente carencia de igualdad para uno de los litigantes. Dicha concepción del juez constituye un flagrante atentado a una concepción moderna del Estado de derecho, que se sustenta en la libertad, en el pluralismo y en el respeto de los derechos fundamentales, entre los que se reconocen el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida privada, a la honra, a la libertad de expresión, de reunión, asociación, entre otros. Estudios de derecho, 2011, vol. Respecto de los ministros de Cortes de Apelaciones el tribunal disciplinario es la Corte Suprema. Esto quiere decir que los Ministros de la Corte Suprema también tienen responsabilidad disciplinaria y el tribunal que conoce es la propia Corte. [ Links ], Giacobbe, Giovanni y Nardozza, Massimo (1996): Potere e responsabilitá nel´ ordine giudiziario (Milán, Giuffrè ). La sentencia deberá contener una valoración pormenorizada de cada uno de los medios de prueba presentados en el proceso. Definición y actividades propias. El otro modelo se afirma en el carácter estatal del derecho y se desarrolla sobre todo a partir del siglo XVIII, en el cual se concibe al juez como un funcionario del Estado, inmune a un control por las partes, pero que se encuentra sujeto a un riguroso control interno de tipo disciplinario3. WebPRÁCTICA 2. Luego el inciso 3° agrega: “La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. El presente informe de investigación recopila normativa, doctrina y jurisprudencia sobre el Principio de Tipicidad en Materia Administrativa, para lo cual se parte de los supuestos normativos de los artículo 39 de la Constitución Política y 124 de la Ley General de la Administración Pública, que viene a ser complementados con el … Su calificación jurídica puede variar durante el procedimiento. El legislador ordinario no podría derogar alguna de estas formas de responsabilidad exigidas constitucionalmente. ... Derecho Administrativo Tema: Principios de la actividad administrativa Subtema: … El acto decisorio del juez que no sería sancionable disciplinariamente comprendería la valoración de las pruebas rendidas en el proceso y la interpretación y aplicación de las normas jurídicas aplicables a esos hechos. Causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un consorcio. Web1. 15-40. Cosa distinta será el caso de sentencias judiciales que carezcan de motivación o cuando no haya ninguna ilación lógica entre los hechos establecidos en la sentencia y la fundamentación jurídica, o entre la parte expositiva de la sentencia y la resolutiva, entre otras posibilidades. Este derecho está reconocido en su faceta más general por nuestra Constitución, en su artículo 19 Nº 3 inciso 2°: “Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiere sido requerida”. 2.2.2. Se ha entendido mayoritariamente que, por exigencias del adecuado desarrollo de la función judicial, la ley puede limitar en algunos casos estos derechos fundamentales de los jueces. WebFACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS TESIS Principio de tipicidad administrativa y su eficiente aplicación en el procedimiento administrativo disciplinario en el Hospital de Emergencia en Villa el Salvador Lima, 2019. En este escenario, postulamos que a los jueces no se les puede aplicar el mismo estatuto que al resto de los funcionarios públicos. WebEl principio de tipicidad en el procedimiento administrativo disciplinario Gustavo Rico Iberico … Lee este interesante artículo aquí 10 Jan 2023 01:20:26 Pero no siendo todo ello suficiente, la Constitución de 1980 establece la responsabilidad política o constitucional de los magistrados de los tribunales superiores de justicia (art. Además, se requiere reconocer la inamovilidad de los jueces en sus cargos. En virtud de este fallo, se ha entendido en Italia que la responsabilidad disciplinaria de los jueces se entiende bajo la relación que tienen los jueces con el Estado-persona, del cual son funcionarios19. Entre los preceptos cuestionados destacaban los artículos 541 inc. 2º, 539 inc. 2º, 557, 558, 536, 537, 542 y 544 Nº 4 COT, pues a juicio de la requirente con ellos se afectaba el principio de tipicidad. En relación con el derecho de defensa debe mencionarse el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes. El voto de mayoría de la Corte Suprema señaló que debía crearse un órgano interno al Poder Judicial para desempeñar esas labores no jurisdiccionales. ; Picardi (1979), p. 1.498. El régimen de responsabilidad disciplinaria de los jueces chilenos y su inadecuación a las exigencias constitucionales, The unconstitutionality of the disciplinary regime of judges in Chile. Conclusiones." Por ello, se debe excluir una concepción de la responsabilidad disciplinaria de los jueces como un instrumento en virtud del cual el orden judicial determina las conductas de los funcionarios bajo una óptica corporativa. 5Graziano (2013), p. 281; Bairati (2013), p. 16. WebPrincipios de Derecho Administrativo 3 PRINCIPIO DE LEGALIDAD Implica el sometimiento pleno a la Ley. [ Links ], Canivet, Guy y Joly-Hurard, Julie (2004): La deontologie des magistrats (París, Dalloz). [Bloque 2: #pr] EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. Por último, la prueba debe rendirse en los tiempos y oportunidades procesales que fije el legislador. b) Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado (art. Esas reformas deben caminar por encomendar el control de la disciplina de los jueces a un órgano que no sea la Corte Suprema ni las Cortes de Apelaciones. Dos años puede ser un plazo razonable para entender que el ilícito ha prescrito, o bien que el plazo para ejercer la acción disciplinaria caducó. Web Gacetas Asamblea Constituyente de 1991: 4, 25, 31, 51, 75, 82 y 87. Los casos en que la CIDH ha dispuesto que determinados tribunales de países signatarios de la CADH atentan contra el derecho a un tribunal independiente, son aquellos en que se cuestiona la composición de esos tribunales, como ocurre con los militares. ORCID: 0000-0001-6771-1876. WebResumen En el presente artículo el autor presenta una análisis respecto a la cláusula de efecto equivalente desarrollada en el Decreto Legislativo N° 1029; evaluando si ésta resulta contraria al principio de tipicidad regulada en la Ley del … El recurso a determinadas normas de contenido moral en el derecho disciplinario de los jueces solo es entendible en un régimen jurídico premoderno. Fundamento destacado 15: Empero, no debe identificarse el principio de legalidad con el principio de legalidad procesal penal. En relación con las conductas prohibidas, éstas no deben tener un contenido moralizador y referido a la vida privada de los jueces, como las referencias a conducta viciosa, faltas a la moral, conducta indecorosa, entre otras. El principio de tipicidad ha sido expresamente previsto en el inciso 4 del artículo 248 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, en los siguientes términos: Artículo 248.-. En cambio, el principio de tipicidad se observa cuando de forma precisa se defina la conducta que la Ley considera constitutiva de la infracción y, también de forma precisa, define la sanción que se puede imponer a aquella infracción. Asimismo, los destinatarios desconocen con anterioridad cuáles son las conductas prohibidas, contrariando fuertemente el principio de seguridad jurídica27. Se ha propuesto en algunos casos eliminar todo tipo de control disciplinario y confiar la actuación de los jueces a un control externo de tipo social por intermedio de la opinión pública. En orden a conseguir que la defensa procesal se pueda llevar a cabo, es de especial relevancia que los órganos jurisdiccionales permitan a las partes su defensa procesal mediante la correcta ejecución de los actos de comunicación establecidos por el legislador. 121-135 Idioma: español Enlaces. CAPÍTULO VII. Independencia e imparcialidad deben ser consideradas como situaciones conectadas pero con sustantividades diferentes. Con menos énfasis véase también lo que ha sostenido Vargas (2007), p. 120. Pizzorusso (1990), p. 217. Y llama la atención por lo demás que el tribunal dicte estas actas o acuerdos, pues no existe base constitucional ni legal que lo autorice a dictarlas. 439 del COIP, señala: ?Artículo 439.- Sujetos procesales.- Son sujetos del proceso penal: 1. Evidentemente nos encontramos con una cláusula de contenido indeterminado que debe ser colmada por el legislador o por los tribunales de justicia. [ Links ], Vergara, Alejandro (2004): “Esquema de los principios del Derecho Administrativo sancionador”, en: Revista de Derecho (Coquimbo), (Año 11, Nº 2), pp. Esta competencia es atribución del pleno de la respectiva Corte (art. Otra posibilidad consiste en crear especiales tribunales disciplinarios que pueden tener una integración con miembros completamente externos a la judicatura, o bien con una composición mixta, es decir, con miembros que pertenecen al Poder Judicial y que suspenden su ejercicio en esos tribunales de los que forman parte mientras formen parte del tribunal disciplinario, a los que se unen otros miembros externos a la judicatura. WebDE LA MOTIVACIÓN, PRINCIPIO DE TIPICIDAD.- En lo referente a la motivación, el recurrente menciona: ¼ de esta forma se determina por el propio Reglamento del Sistema de Rehabilitación Social los tabacos/cigarrillos son considerados BIENES NO AUTORIZADOS, por la propia Comisión Administrativa 25Alessandro Pizzorusso sostiene que el procedimiento de medidas disciplinarias contra los jueces asume un carácter jurisdiccional muy cercano a uno de tipo penal que exige, entre otras cosas, legalidad y tipicidad de las conductas que pueden acarrear sanciones a los jueces. Llama poderosamente la atención que en el Acta 129-2007 de fecha 1 de agosto de 2007 se hable en varios pasajes de acuerdo y no de auto acordado y luego, días después, con fecha 11 de septiembre del mismo año, en el Acta 168-2007, la misma Corte dispuso la “modificación del auto acordado sobre procedimiento para investigar responsabilidad disciplinaria de jueces y funcionarios”. 20En el derecho chileno no es mucha la doctrina que se ha referido a este punto. Nº 151, junio 2011. No aparece reconocido expresamente en ningún texto internacional ni en nuestra Constitución. O puede entenderse también como una actividad especial que en la etapa de aplicación de las sanciones tiene que estar jurisdiccionalizada íntegramente. El artículo 80 inc. 3° CPR señala que “[...]la Corte Suprema por requerimiento del Presidente de la República, a solicitud de parte interesada, o de oficio, podrá declarar que los jueces no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado y de la Corte de Apelaciones respectiva, en su caso, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes. El valor constitucional de la independencia de los jueces, que se relaciona también con una concepción difusa de la judicatura, exige un trato diferente en esta materia para jueces y los funcionarios de la Administración. 6. Falsificar una firma es un delito en la mayoría de los códigos penales del mundo. Principios de la potestad sancionadora administrativa. 80 inc. 3° CPR) y en la atribución a esa misma corte de la superintendencia correccional sobre todos los jueces de la Nación, con las exclusiones que la propia Constitución realiza (art. 1. El TC (STC de 8 de junio de 1981 [j 1]) ha declarado reiteradamente que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado. Como toda ley que desarrolla o, en este caso, limita derechos fundamentales, deberá ser respetuosa del contenido esencial del derecho. 21Giacobbe y Nardozza (1996), p. 117; Pizzorusso (1990), p. 217; D´Ambrosio (2006), p. 204. WebDerecho administrativo sancionador. Uno de los pilares estructurales del Estado de Derecho es la consagración de un Poder Judicial separado de los órganos políticos, esto es del Gobierno y el Parlamento. Il nuovo ordinamento giudiziario (Milán,Giuffrè), pp. (n. 8), pp. WebEn segundo lugar, la aplicación directa del artículo 49 c) del TREBEP y el 125 de la Ley de empleo de Galicia nos llevan al reconocimiento del derecho a la percepción de la retribución con el fin de evitar perjuicio/discriminación al funcionario que hace uso de su derecho, añadiendo que es indiferente que el funcionario que lo disfrute sea hombre, ya … La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: García (2009), p. 117; a su vez Juan Enrique Vargas ha señalado que se debe modificar el sistema disciplinario de los jueces chilenos, lo que debe comprender, entre otras cosas, “una definición clara a través de un Código de Ética Judicial de las conductas sancionables”. 45Sobre este aspecto véase Bordalí (2016), p. 206. INTRODUCCIÓN El ILANUD en el año 1991, señalaba que la elección de un sistema … Y respecto a cuestiones procedimentales, podría seguir rigiendo el Recurso de Queja como control disciplinario, con tal que se tipifiquen las conductas constitutivas de faltas o abusos graves. 24Giuliani y Picardi (1995), p. 80. Y en el campo de jurisdicción disciplinaria, la tipificación debe ser mayor que la que existe en materia de control disciplinario de los funcionarios de la Administración por sus superiores jerárquicos, pues está en juego el valor de la independencia e imparcialidad judiciales. 25.1 CE incorpora la regla "nullum crimen nulla poena sine lege", que también es aplicable al ordenamiento administrativo sancionador y comprende una doble garantía, formal y material (F.D 4º). De las fundaciones del sector público estatal; Artículo 128. Se trata de un instrumento conformador de conductas lícitas según las orientaciones de otros sujetos33. Sin embargo, se puede contestar tal refutación señalando que existen diferencias en términos de garantía entre los modelos de responsabilidad penal, disciplinaria y civil. La Fiscalía 4. El TC (STC de 8 de junio de 1981 [j 1]) ha declarado reiteradamente que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado.Los principios esenciales … 36Un sistema de recursos procesales no obedece a un esquema de jerarquías piramidales, sino solo a una garantía de pronunciamientos jurisdiccionales múltiples. [ Links ], Erbani, Stefano (2006): “Gli illeciti disciplinari del magistrato”, en: Carcano, Domenico (coordinador), Habrá de tenerse presente además los preceptos que regulan las visitas que pueden realizar a los tribunales subalternos los ministros de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema. Pero todo ello es muy distinto a sancionar a un juez por cómo ha dado por establecidos unos hechos en el proceso judicial o por cómo ha interpretado el derecho aplicable en un determinado proceso judicial. Para efectos de este trabajo, señalaré que tanto la Constitución Política de la República como los tratados internacionales sobre derechos humanos, con especial referencia a la Convención Americana de Derechos Humanos, exigen al Estado chileno regular de un mejor modo la organización y función judiciales. De conformidad con el fallo de la Corte Interamericana, la indagación disciplinaria realizada por la Corte de Apelaciones de Temuco respecto de la jueza Karen Atala se llevó a cabo de un modo tal que afectó su derecho fundamental a la vida privada y a un tribunal imparcial. [ Links ], Bartole, Sergio (2008): Il potere giudiziario (Bolonia, Il Mulino). Por otra parte, se requiere modificar todo el articulado del Código Orgánico de Tribunales en lo que se refiere al órgano que conoce de las denuncias disciplinarias; el órgano requirente o legitimado activo; las conductas ilícitas y los recursos que proceden contra las resoluciones que imponen sanciones, entre los aspectos más relevantes. La utilización de los términos actas, acuerdos y luego autos acordados no se ajusta a lo prescrito en la Constitución y las leyes y su uso confuso no se ajusta a los valores de juridicidad y seguridad jurídica que inspiran y deben inspirar a nuestro Estado de Derecho. Los ilícitos disciplinarios, que tienen que estar completamente detallados en la ley, pueden consistir en maltrato físico o de palabra a los funcionarios judiciales y abogados que litigan ante ellos; no asistencia al trabajo e incumplimiento de los horarios de trabajo; no realización del trabajo jurisdiccional como la ausencia injustificada a las audiencias; hacer comentarios públicos de una causa judicial pendiente en el sentido que pueda constituir un adelantamiento de la decisión; no motivar las sentencias judiciales; motivaciones incompletas o incoherentes; participar en actividades políticas partidistas, etc. Los suscriptores pueden ver una lista de todos los documentos que citan el caso, Los suscriptores pueden ver una lista de todas los versiones de la ley con las distintas afectaciones, Los suscriptores pueden ver todas las afectaciones de un caso. No es compartible el criterio sustentado en este fallo por el Tribunal Constitucional. En países como Italia, se afirma que el derecho no prevé respecto de los jueces ningún tipo de responsabilidad política6. Además, la sentencia dictada en el juicio tiene que tener correlación con la acusación. 8.2. h) CADH. Para analizar el problema de falta de tipicidad de los ilícitos disciplinarios, vamos a examinar dos preceptos que nos parecen paradigmáticos de esta problemática. 39Como ha sostenido el Tribunal Supremo español en sentencia de 11 de diciembre de 1998, es posible concebir un sistema de responsabilidad disciplinaria de los jueces, en la medida que con ella no se limite o coaccione el ejercicio independiente de la función jurisdiccional y no se incida en las valoraciones jurídicas que determinan la resolución o el fallo. Las alternativas respecto a la disciplina judicial pueden ser varias. Todo ello lo resumiré en la idea de exigencias constitucionales. VV. [ Links ], D´Ambrosio, Vito (2006): “La disciplina dei magistrati”, en: Paciotti, Elena (coordinadora), Per un nuovo ordinamento giudiziario (Florencia, Passigli editori), pp. No puede realizarse un juicio sin previa acusación sostenida por un sujeto distinto del juez. Contenido de los ilícitos disciplinarios. 159-174. Por ello el juez de apelación o casación no puede prescribir a priori los contenidos de un pronunciamiento, sino que solo puede valorar a posteriori la decisión impugnada. Al mismo tiempo también tendrás una referéncia del grado de aceptación del caso. 43Sobre este aspecto véase Bordalí (2010), p. 90 y ss. 2.3.5. Principio de legalidad. Cuando el ilícito se contenga en una sentencia judicial, el plazo se contará desde que la resolución fue notificada a las partes o desde que quede ejecutoriada. La Corte Suprema no está atada solo a los casos que enumera el artículo 337 COT. Esa ley luego fue modificada en algunos aspectos por el decreto legislativo Nº 109 de 23 de febrero de 2006, el que Sergio Bartole describe como un texto normativo donde se enumeran las sanciones aplicables a los jueces, junto a una puntual y detallada tipificación legislativa, distinguiendo entre los ilícitos disciplinarios cometidos en el ejercicio de las funciones y aquellos fuera del ejercicio de las funciones, así como también como consecuencia de la comisión de delitos32. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. Tenemos de este modo que en el derecho chileno el juicio penal debe ser oral y público. WebLa aplicación del principio de tipicidad y de responsabilidad en el ámbito del derecho Administrativo sancionador presenta una configuración propia, como ha reiterado la doctrina y la jurisprudencia, tanto del Tc como del Ts, lo cuál le da a esta parte de nuestra disciplina una sustantividad y una identidad propia frente al orden penal3. Un código ético “ofrece a los jueces respuestas claras a preguntas de deontología profesional; informa a los ciudadanos de las conductas esperables por parte de los jueces y garantiza a esos mismos ciudadanos que la justicia quiere ejercerse de modo independiente e imparcial”14. Piénsese en el numeral 3°: “si fuere corregido disciplinariamente más de dos veces en cualquier espacio de tiempo, por observar una conducta viciosa, por comportamiento poco honroso o por negligencia habitual en el desempeño de su oficio”. Juez Superior de la Segunda Sala Penal de Apelaciones y Jefe de la Unidad de Investigaciones y Visitas de la A su vez, no es necesario invocar respecto a estos preceptos una vulneración del debido proceso. 25 CE : a) La legalidad que determina la necesaria cobertura de la potestad sancionadora con una norma de rango legal; b) La interdicción de las penas de privación de libertad; c) El respeto a los derechos de defensa reconocidos en el art. 16, 2014, págs. 52 2) letra c) en relación con el 53 1) CPR), recogiendo así el sistema del impeachment del derecho anglosajón. CASACIÓN 2428-2011-LIMA PRINCIPIO DE TIPICIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Originalmente, el procedimiento de investigación por ilícitos disciplinarios de la judicatura chilena era siempre reservado, reserva que podía ser dejada sin efecto para el denunciado, treinta días después de habérsele comunicado su apertura, si así lo resuelve el investigador de oficio o a petición del denunciado (art. El Acta se articula bajo la forma de una investigación o sumario de tipo administrativo. ORCID: 0000-0001-6771-1876. Hemos sostenido que la actividad desarrollada por las cortes chilenas para sancionar a un juez es una actividad jurisdiccional o una actividad sui generis íntegramente jurisdiccionalizada. 125-142. 421-447. Por este motivo, el constituyente de 1980 optó por usar la expresión equivalente de “racional y justo procedimiento” (art. [ Links ], Zanon, Nicolò y Biondi, Francesca (2006): Il sistema costituzionle della magistratura (Bolonia, Zanichelli). Key words: Disciplinary responsibility of judges; judicial independence; due process. Ahora bien, nuestro texto constitucional, aparte de la criolla cláusula general del debido proceso, reconoció algunas específicas garantías que tradicionalmente han formado parte de un debido proceso, como lo son el derecho de defensa jurídica en juicio (art. La responsabilidad disciplinaria de los jueces chilenos requiere de reformas constitucionales y legales para adecuarla a las necesidades de un Estado de Derecho que se construye sobre la base de la total independencia e imparcialidad de los jueces y sobre la plena vigencia de los derechos fundamentales de todos, con especial consideración de un debido proceso. La víctima 3. 8°). Desde fines de la Segunda Guerra Mundial esas competencias pasaron al órgano de gobierno del Poder Judicial, esto es el Consejo General o Superior de la Magistratura que existe en países como España, Francia e Italia, entre otros. Por estas críticas es que países como Italia reformaron el sistema de responsabilidad disciplinaria de los jueces, mediante la Ley Nº 150 de 2005, procediéndose entre otras cosas a una mayor tipificación de las conductas sancionables. El principio de tipicidad ha sido expresamente previsto en el inciso 4 del artículo 248 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, en los siguientes términos: Artículo 248.-. WebImplementar el Control Interno Disciplinario al más alto nivel jerárquico del organismo o entidad pública, asegurando su autonomía e independencia y el principio de segunda instancia, de acuerdo con las recomendaciones que para el efecto señale el Departamento Administrativo de la Función Pública, a más tardar para la fecha en que entre en … ), (XLII, primer semestre), pp. Me refiero a un órgano del tipo Consejo General de la Judicatura. WebSe presenta de forma sintética, breve y directa referencia al principio de tipicidad y el principio de culpabilidad exponiendo su contenido esencial basado en sentencias del Tribunal Constitucional, doctrina del Derecho Administrativo Sancionador y su aplicación para los actores públicos y privados (Parte 2 de 2) Analizada la vigencia de la debida imparcialidad, hay que mencionar que la vertiente subjetiva no opera en términos generales ni abstractos, por lo que deberá ser analizada caso a caso. 82 CPR y 530 y siguientes COT) cuyo origen se remonta a la Alemania del siglo XVI y que logra su mayor significación en el siglo XVIII en el Codex Marchicus de Federico el Grande de 1748, desde donde emerge la metáfora del regimiento con relación al orden judicial, es decir, donde se articula a los fines del Imperio un orden judicial basado en el mismo principio jerárquico utilizado en el ejército. WebEl principio de tipicidad en el procedimiento administrativo disciplinario Gustavo Rico Iberico … Lee este interesante artículo aquí 10 Jan 2023 01:20:26 Pero tal como está regulado actualmente el Recurso de Queja, con la posibilidad de sancionar a los jueces disciplinariamente por cómo han valorado las pruebas e interpretado el derecho y sin que se tipifiquen las conductas prohibidas, éste no se ajusta a las exigencias actuales de una justicia independiente. El proceso disciplinario y el derecho a un juicio oral y público. WebAnterior | Siguiente. Y al afectarse el principio acusatorio, se ponen en entredicho las garantías procesales de los justiciables y que forman parte de un debido proceso. La firma tiene por fin identificar, asegurar o autentificar la identidad de un autor o remitente, o como una prueba del consentimiento y de verificación de la integridad y aprobación de la información contenida en un documento o similar, y que tiene carácter legal. Tratándose de ministros de los tribunales superiores de justicia, además tendrán una responsabilidad de tipo político a través de un sistema de impeachment9. 25 CE se refiere al principio de legalidad en materia penal, estableciendo que “nadie podrá ser sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación … 297-325. Agrega que la independencia de la judicatura, como órgano, es fundamento esencial de la justicia que debe impartir el Estado, así como la independencia personal de los jueces es indispensable para asegurar su imparcialidad y hacer posible que puedan ejercer sus funciones con autonomía y sin presiones y ambas -independencia de la judicatura e independencia de los jueces- garantizan el derecho a un debido proceso de todas las personas sometidas a juicio, cualquiera sea la naturaleza de ésta42. ISBN: 9788490140727. Más adelante agrega: el “establecimiento de una entidad independiente encargada de juzgar a los funcionarios”. Dicho lo anterior, la responsabilidad disciplinaria de los jueces debe ser entendida bajo una óptica de derecho sancionador por un lado y luego de actividad jurisdiccional21; una jurisdicción disciplinaria22. 19 Nº 3 inciso 7° CPR). Son otros principios constitucionales, no el de tipicidad penal, sostiene el Tribunal Constitucional, los que exigen previsibilidad de las conductas que acarrean responsabilidad, como el principio de independencia judicial y el de un justo y racional procedimiento (Considerando 27). La mayoritaria en el derecho comparado pasa por crear un órgano de dirección o gobierno de la judicatura, y dentro de él se puede crear una sección o tribunal disciplinario. La responsabilidad disciplinaria es la principal forma de control sobre los jueces en los estados europeos. Garantías del debido proceso en la jurisdicción disciplinaria judicial. No debe entenderse esa actividad como una hipótesis de ilícito disciplinario. 68, no 151, p. 39. Juzgar es una actividad compleja que comporta necesariamente un margen de discrecionalidad tanto en la determinación de los hechos del caso como del material normativo que se aplicará a esos hechos. 22Nicola Graziano afirma categóricamente que el procedimiento disciplinario de los jueces italianos es un procedimiento jurisdiccional y está regulado por las normas del Código de Procedimiento Penal en la medida que sean compatibles. The hypothesis argues that the application of sanctions to judges must be respectfull of certain constitutional garantees. [ Links ], Jiménez Asencio, Rafael: “Imparcialidad judicial: su proyección sobre los deberes (código de conducta) y derechos fundamentales del juez”, en: Saiz, Alejandro (coordinador), Los derechos fundamentales de los jueces (Madrid, Marcial Pons), pp. 9-25. [ Links ], Cordero, Eduardo (2014): “Los principios que rigen la potestad sancionadora de la Administración en el derecho chileno”, en: Revista de Derecho (Valparaíso Accede a más de 120 millones de documentos de más de 100 países, incluida la mayor colección de legislación, jurisprudencia, formularios y libros y revistas legales. Pero hay que entender que una de las manifestaciones o posibilidades concretas de la defensa judicial consiste en la posibilidad de que se admitan o practiquen pruebas. Asimismo, ello es consecuencia además de que no existe una actividad silogista-mecanicista de la interpretación y aplicación de un precepto jurídico. En definitiva, siguiendo a Jiménez Asencio17, sin perjuicio del relativo parentesco que pueda haber entre un código ético o de buenas prácticas y un régimen de responsabilidad disciplinaria, la finalidad y objetivos de ambos son muy diferentes. Ahora bien, a estas dos hipótesis podría agregarse una tercera, que dirá que no es actividad administrativa ni jurisdiccional, sino una actividad atípica y especial. No se trata de una jurisdicción propiamente penal, pero forma parte de la misma lógica del ius puniendi estatal, y como tal se le aplican la mayoría de las garantías sustanciales y procesales del derecho penal. Asimismo, dicha Corte ha calificado en la última oportunidad de manera Regular al respectivo juez. Este artículo fue modificado por la Corte Suprema a petición de la Asociación Nacional de Magistrados, y en el Acta 168-2007 se matizó esta reserva absoluta, disponiendo que el investigador podrá disponer que determinadas diligencias y actuaciones sean reservadas incluso respecto del investigado, cuando considere que ello es necesario para la eficacia del procedimiento. Es probable que esa Corte no pueda conocer de esa causa con total imparcialidad44, pues ya ha emitido juicios respecto a ese juez. [ Links ], Saiz, Alejandro (2012): “Estudio introductorio”, en: Saiz, Alejandro (coordinador), Los derechos fundamentales de los jueces (Madrid, Marcial Pons ), pp. Depende de cada Estado. Otra posición dirá que la responsabilidad disciplinaria de los jueces es una actividad de tipo jurisdiccional y, como tal, a dicha actividad se le exigirán todas las garantías de un debido proceso procesal. Los problemas de falta de imparcialidad ya han sido analizados. No se trata de una tipificación absolutamente rígida, sino tendencialmente rígida31. En fin, para una acabada descripción (crítica) de la jurisprudencia constitucional en materia de tipicidad, tanto para el derecho penal como para el administrativo sancionatorio, cfr. Primero debería existir un código ético o de buenas prácticas que defina los valores de la institución que merecen especial protección, así como los principios éticos y las reglas de conducta que deben rodear la actuación de los jueces. ACEPTAR, Aparece derivada del mandato de taxatividad o de “. 47Este aspecto ya ha sido tratado en Bordalí (2016), pp. Se deberá separar claramente las funciones de investigación y acusación, y de conocimiento y resolución de la acusación. El modelo napoleónico de responsabilidad disciplinaria, como el que existe en Chile, pone acento sobre el sujeto en cuyos términos se es responsable (Corte Suprema o Cortes de Apelaciones entre nosotros). 24 CE , y. d) La subordinación a la autoridad judicial. De particular importancia es que el legislador modifique la Constitución Política de la República en lo que se refiere a las potestades de la Corte Suprema para remover a los jueces (art. El procedimiento disciplinario regulado en el Acta 129-2007 no es oral ni público. Esta crítica la ha asumido la Corte Europea de Derechos Humanos, pues condenó con fecha 2 de agosto de 2001 al Estado italiano por una decisión de la sección disciplinaria del Consejo Superior de la Magistratura, la que había sancionado a un juez por pertenecer a la masonería, sin que ese juez supiera que tal hecho fuese una conducta prohibida y sujeta a sanción. Como derecho sancionador, deberán aplicarse las garantías sustanciales de un derecho penal o derecho sancionador del Estado. 1Abogado, Doctor en Derecho, profesor titular en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile. Eso incluye a su vez una libre valoración de los medios de prueba. Luego, como actividad juzgadora, deberá aplicarse a la responsabilidad disciplinaria el estatuto mínimo de un debido proceso. Correo electrónico: abordali@uach.cl. El proceso disciplinario y el principio acusatorio. 248 del TUO de la LPAG, en los siguientes términos: Artículo 248.-. Por el contrario, las normas que regulan la disciplina de los jueces dan lugar a un procedimiento disciplinario. El tema que es más discutible será determinar si se le aplican o no las garantías de un debido proceso penal. 4Véase sobre este aspecto Ferrajoli (1997), pp. Asimismo, debe tenerse presente el artículo 98 COT, que establece que corresponde a las salas de la Corte Suprema, 7° “De los recursos de queja, pero la aplicación de medidas disciplinarias será de la competencia del tribunal pleno”. El principio de tipicidad obliga a la descripción por ley de la conducta específica que conlleva o acarrea una sanción específica , que también debe quedar delimitada.